¿Qué pasa con los municipios que no presentaron sus proyectos de reglamento interno?

Por Fulvio Gutiérrez. Antes de las elecciones departamentales, señalábamos en esta columna, la duda en cuanto al cumplimiento por parte de los Municipios de la obligación establecida en el art. 30 de la Ley No. 19.272, que prescribía el procedimiento de elaboración del Reglamento referido a su funcionamiento interno.

Señalábamos también que si bien la intención del legislador había sido buena -porque todo órgano colectivo necesariamente debe contar con una reglamentación interna- el mecanismo previsto en el precitado art. 30, no había sido el mejor. Se corría el riesgo de que cada Municipio proyectara una forma de funcionamiento diferente en cada caso, cuando en verdad, lo mejor hubiera sido tratar de prever un mecanismo que culminara con la aprobación de un reglamento igual para todos los Municipios del país, habida cuenta que en definitiva, y desde el punto de vista orgánico, todos son iguales.

Por esa razón, decíamos que hubiera sido más lógico y acertado, que el tema fuera estudiado por el Congreso de Intendentes, donde se elaborara un modelo de reglamento para todos los Municipios, y luego se hiciera un acuerdo para que todas las Juntas Departamentales y los respectivos Intendentes, se comprometieran a aprobarlo en el menor tiempo posible, siguiendo –entonces- el procedimiento que había sido previsto en el artículo 30. Más allá de la regularidad constitucional o no de dicho procedimiento.

Como el mecanismo en vigencia prevé la presentación de un proyecto articulado por la iniciativa directa de cada uno de los Concejos Municipales ante la propia Junta Departamental dentro de un plazo de 30 días de su instalación (venció el 9 de agosto pasado), señalábamos que dicho plazo era muy exiguo. Sobre todo teniendo en cuenta que seguramente –como ocurrió- en una gran mayoría de Municipios, los resultados electorales condujeron a que su integración variara, no solo en cuanto a la persona de los Concejales (muchos no fueron reelectos) sino a la representación partidaria, lo que iba a traer como lógica consecuencia –como también ocurrió- que los Concejales debutantes, no tuvieran la experiencia necesaria para opinar sobre cómo debe funcionar un Municipio al cual ellos recién se integraban. A eso debe sumarse el hecho cierto de que la inmensa mayoría de los Municipios ni siquiera cuentan con el Asesoramiento Jurídico necesario, y que –además- tratándose de un órgano colectivo, la redacción va a suponer varias sesiones de discusión.

Lamentablemente teníamos razón.

A la fecha, y en el Departamento de Salto que cuenta con seis Municipios, solo dos cumplieron en tiempo y forma con lo previsto en el art. 30 de la Ley No. 19.272: San Antonio y Belén. Los demás no lo presentaron, y el plazo venció.

Ahora es cuando se ve el error de nuestro legislador que señalamos anteriormente: haber establecido un procedimiento de aprobación de los Reglamentos Internos de los Municipios, que no da margen a muchas interpretaciones. Véase que se les estableció un plazo perentorio de 30 días para presentar sus proyectos.

Entonces nos preguntamos: los Municipios que no lo presentaron antes del 9 de agosto: ¿se quedan sin reglamento interno? Porque el plazo para presentar los proyectos venció indefectiblemente ese día, y si tenemos en cuenta que la ley autoriza solo a los Municipios a que en forma excepcional tengan iniciativa en esa materia ante la Junta Departamental, habiendo vencido el referido plazo, no podrán ejercer más dicha iniciativa. Podríamos analizar el problema planteado de esta forma: el art. 30 prescribe una forma de aprobación de los reglamentos internos de los Municipios, dándoles a ellos mismos y en forma excepcional el derecho de iniciativa.

Ahora bien. Esta norma legal, no le quita competencia a los Intendentes para presentar “proyectos de decretos” (art. 275 Nral. 6ºde la Constitución), ni a las Juntas Departamentales su derecho de iniciativa para dictar decretos (art. 273 Nral. 1º de la Constitución), porque ambas son previsiones constitucionales.

Por lo tanto, se podría decidir sin esfuerzo, que los reglamentos internos de aquellos Municipios que no se presentaron en tiempo y forma, pueden ser elaborados a iniciativa del Intendente o de Ediles de las Juntas Departamentales, siguiendo –en cualquiera de ambos casos- con el procedimiento de elaboración legislativa que prevé la Constitución para los Decretos Departamentales (art. 281 de la Constitución).

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