¡Que barbaridad!

Por Fulvio Gutiérrez. La Resolución No. 178/015 de 10 de agosto de 2015 del Sr. Intendente de Salto, por la cual dejó sin trabajo a 249 funcionarios, es una combinación de errores jurídicos que la transforman en un ejemplo de lo que no se debe hacer en materia administrativa.

Es ilegal, contraria a elementales principios constitucionales, incoherente y mentirosa, y está muy mal redactada.
No es normal que un Intendente firme una resolución como la precitada, y menos aún cuando su condición de Abogado lo obliga necesariamente a tener mucho cuidado en cuanto a respetar el Derecho vigente.

Pero analicemos sumariamente la Resolución.

En primer lugar, es ilegal, porque carece de fundamentación jurídica, cuando el art. 74 del Decreto No. 5940/97, que es el que regula jurídicamente como se redactan las resoluciones, prescribe que toda resolución tiene que tener un Considerando, en el cual se establezcan los fundamentos de derecho, las doctrinas generales, las opiniones y asesoramientos realizados. Nada de eso tiene la resolución.

En segundo lugar, también es ilegal, porque la resolución no tiene motivación. El mismo art. 74, establece en su inicio que “todo acto administrativo debe ser motivado, explicándose las razones de hecho y de derecho que lo fundamenten”. Principio que está reiterado en el Decreto No. 500/91 que se aplica en el funcionamiento administrativo del Gobierno Central, así como en todas las normas que regulan igual materia en los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y en todos los Gobiernos Departamentales. Pero además, la motivación tiene que ser precisa, clara, concreta, referida y ligada directamente a la situación especial que se regula, explicando la causa o motivo, el alcance de sus disposiciones y la finalidad perseguida. Decir que el motivo es una “crisis económica” carece de todo valor, y decir que la suspensión de los funcionarios es para “salvaguarda de los intereses públicos y respeto al debido proceso” es una cantinflada que no resiste el más mínimo análisis.

La unanimidad de nuestra doctrina y jurisprudencia, sobre todo la del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, son muy exigente con el desarrollo de una correcta explicación que indique al afectado, una lógica razón de hecho, y el fundamento de derecho que se aplica en el caso, porque si no es así, se entiende que el acto administrativo (resolución) es nulo. Nada de eso tiene la resolución.

En tercer lugar, es contraria a elementales principios constitucionales, como -precisamente- el debido proceso (¡que pretende “salvaguardar”!), al punto tal que la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es unánime en recoger las opiniones doctrinarias que señalan que la correcta motivación, “es un principio general de derecho, que por derivar de la persona humana es de los contenidos en el art. 72 de la Constitución”.

En cuarto lugar, es también contraria a la Constitución, porque al no respetar los derechos adquiridos de los funcionarios, está violando el principio de seguridad jurídica previsto y protegido en el art. 7º de la Constitución de la República.

En quinto lugar, es incoherente y mentirosa, pues pese a que el Sr. Intendente firmó la Resolución en la que se expresa como motivo la “crisis económica”, ha declarado una y mil veces en los medios de comunicación, que la verdadera razón de la mentada resolución, está en echar a quienes eran Ediles, a quienes eran “punteros” políticos (sic) de la Administración anterior, y a los profesionales de la Administración anterior. ¿En qué quedamos? Los motivos no son la “crisis económica”, sino motivos estrictamente políticos que el Sr. Intendente, casi infantilmente, repite y repite una y otra vez.

En otros términos: firmó una cosa, pero la verdad es otra. ¡Lo confesó públicamente! Pero por si esto fuera poco, ha repetido una y mil veces que no tiene valor jurídico la contratación de funcionarios por Designación Directa, pero él ya ha contratado casi un centenar de nuevos funcionarios, por supuesto, afines a su partido. ¡Cuántas caras nuevas hay en las reparticiones de la Intendencia!

Finalmente, y en sexto lugar, la Resolución está muy mal redactada. Por un lado “suspende” el vínculo funcional y las resoluciones de Designación Directa. Los funcionarios quedaron relevados de cumplir sus funciones desde la hora cero del pasado 11 de agosto, por lo tanto no se les pagará más. Pero al mismo tiempo, les otorgó en forma compulsiva la licencia reglamentaria que les pudiera corresponder; aunque nada dijo sobre el pago del salario vacacional. ¿Yo pregunto: hasta cuándo los suspendió? No dice. Por lo tanto, si no dice, y si no les paga, entonces no los suspendió. Lisa y llanamente los cesó para siempre. ¡Esta es la realidad!

En verdad, en nuestra condición de Abogado, nos duele y nos sorprende que un colega (que además fue alumno en mis clases de Derecho Público) haya firmado semejante aberración jurídica. No sabemos si la redactó el Sr. Intendente. Pero eso es lo de menos. La firma es lo que vale pues autentica el documento y hace directamente responsable al firmante.

Los colegas patrocinantes de los funcionarios que inicien la acción de nulidad en su momento, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se van a hacer un festín. Porque la nulidad de la Resolución es clara, es total y es absoluta. De eso, no tengan la más mínima duda.

Por eso lo del título: ¡Qué barbaridad!

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