Por qué debemos acordar

Por Mónica Xavier. En horas tan complejas como las vividas es cuando debe aflorar, más que nunca, la histórica hermandad de partidos progresistas y movimientos sindicales. Y debe ser profundizada desde la mutua comprensión de que hay ámbitos, reglas y tiempos — naturalmente — distintos.

Solo con ese espíritu podremos continuar la incansable búsqueda de convergencias que contribuyan a seguir mejorando las condiciones de vida para nuestro pueblo.

La negociación de salarios en la educación pública nos llevó a una encerrona, de la cual estudiantes y futuro son sus principales damnificados. Esto nos duele a todos los uruguayos.

Paradójicamente el principal esfuerzo presupuestal de los gobiernos progresistas ha sido, sistemáticamente, para este rubro: “el 22 % de los incrementos de gasto estatal en los últimos 10 años se destinó a la educación. En términos reales, el presupuesto de ANEP creció 122 %, el de la UdelaR 118 % y el del INAU 192 %”, informó el ministro de Economía.

Fruto de esas decisiones, por ejemplo, el cargo docente grado 1 aumentó 64 %. Estos son los hechos que avalan la década ganada.

¿Es suficiente? No. Ningún gobernante de izquierda señala que los actuales salarios en el sistema educativo sean aún suficientes. Coherente a esto es que, nuevamente, los mayores recursos, en el tercer gobierno progresista, estarán destinados al sistema educativo.

Siempre hemos cumplido – inclusive superado – las metas presupuestarias. ¿Por qué no habríamos de hacerlo en el actual período? No existe razón fundada para no tener confianza en el cumplimiento de lo prometido. Si el programa de gobierno del Frente Amplio indica que “en cumplimiento de los objetivos establecidos en este Programa para la transformación de la educación y el fortalecimiento del sistema educativo público, se puede exigir presupuestalmente ir hacia el 6% del PBI”, nuestras acciones exponen antecedentes que garantizan que se cumplirá con esa meta.

Nadie postula porcentajes como pócimas mágicas. Esa inversión jerarquiza a la educación – como lo hacen los países con desarrollo humano más elevado – pero no resuelve por sí sola las dificultades educativas. Es definitivamente más complejo. De hecho, a pesar del exponencial aumento en lo invertido, enfrentamos grandes problemas en la educación: desvinculación, rezago, calidad de los aprendizajes, segmentación de los centros educativos.

Es evidente que el problema trasciende la frontera de lo económico, aunque, como ya está dicho, la asignación de recursos a la educación, siempre será la mejor inversión con vistas al desarrollo sustentable de una nación.

El siglo XXI es el siglo del conocimiento. Es por ello que una sociedad avanza o retrocede según su capacidad de expandir saberes. Sin educación para todos, la justicia social es sólo una ilusión.

De manera cada vez más notoria educación y empleo tienen una fuerte vinculación, no resulta difícil explicar esto. Los ciudadanos que tienen acceso a mejores calificaciones son quienes disponen de los mejores trabajos -y vidas más plenas -, y lo inverso sucede con quienes no tienen la oportunidad de recibir educación de calidad.

Al mirar el futuro, estamos obligados a situar la actividad docente en la más alta consideración social. Para alcanzarlo debemos mejorar las condiciones de su formación.

Aquí no hay una reivindicación mesiánica de todo lo actuado por el gobierno. No, para nada. Decisiones de la magnitud como las que se están tomando jamás son inocuas. Esto tampoco quiere expresar una media tinta con relación a lo que efectivamente se ha logrado en materia salarial. Como se reseñó al comienzo, estamos a años luz de las indignas retribuciones que percibían maestros, profesores y funcionarios hace diez años atrás.

Hace algunas semanas, por razones que ya tuvieron amplia difusión, les expresé a los compañeros del Frente Amplio, que nuestra historia, la pasada y la que tenemos por escribir, nos reclamaba superar una fuerte disputa existente. En la búsqueda de acuerdos con los sindicatos siento exactamente lo mismo.

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