¡Paren la mano, por favor!

Por Fulvio Gutiérrez. La grave situación que se vive en la educación pública en los últimos días, terminó por confirmar que algo anda muy mal en la ANEP, y que los responsables de ellos son dos: gobierno y sindicatos. Pero los perjudicados son otros: los niños de las escuelas y los estudiantes de Secundaria y UTU.

El gobierno -éste y los anteriores- jamás le dieron a la educación la importancia que debe tener, pese a que se golpearon el pecho con aquello de “educación, educación y educación”.

A medida que pasan los años, hay una especie de solapado abandono de los organismos que imparten la enseñanza a nuestros hijos y nietos, como si ese cometido fuera algo banal y sin importancia. Declarar la esencialidad de la educación que imparte ANEP, es demostrar un total desconocimiento de las normas jurídicas que nos rigen (cuando existen, claro está), y tirar el manotón de ahogado para “agarrarse” de alguna ley o convenio internacional que anda por ahí, sin mucha convicción pero con mucha desesperación.

Desde siempre, nuestra doctrina y jurisprudencia publicista ha repetido una y mil veces que los cometidos esenciales del Estado son la seguridad interna, la defensa nacional, la justicia, las relaciones exteriores, la actividad tributaria y ahora, desde el año 2008 –ley mediante- el ordenamiento territorial. Nada más. La educación no es un servicio esencial. Es un servicio social, y está a la misma altura y ubicación jurídica que la salud pública y que la previsión social.

Por tanto transformar jurídicamente una actividad social en un cometido esencial, es una aberración jurídica, inédita y fuera de lugar.

El Decreto del Poder Ejecutivo que así la declaró durante 30 días, no resiste el más mínimo análisis. ¡Por eso ardió Troya!

Para colmo, el gobierno frenteamplista basó tal decisión, entre otras normas, en la Ley No. 13.720 de 12/12/1968, aprobada en el gobierno de Jorge Pachecho Areco, contra la que el Frente Amplio siempre ha manifestado su total oposición. Claro; tampoco la derogaron, aunque lo pueden hacer. Mayorías tienen. Parecería que el Presidente Vázquez se adhirió a un criterio utilitario, pero no jurídico: cuando una norma sirve a su gobierno, la aplica a “rajatabla” sin importar su origen; y cuando no, la desprecia, la agravia y la degrada porque es “pachequista”.

Pero además, en esencia, ¿qué es lo que reclaman los sindicatos? Ante el advenimiento de un nuevo presupuesto, lo que demandan es una sustancial mejora en sus salarios. Eso es justo, es correcto y es la época y momento para hacerlo.

El gobierno le fue dando largas al asunto, y se largó con una propuesta tan insuficiente que constituyó un agravio a los docentes. El gobierno se basó también en el Decreto – Ley Nº 14.791 de fecha 8 de junio de 1978 (norma de la Dictadura por si no se dieron cuenta), que faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a disponer medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios que han de considerarse esenciales. Pero como no hay una definición legal de qué es lo “esencial”, acude al comité de Libertad Sindical de la OIT, el que considera servicio esencial cuando está en juego la seguridad de un país, originado en un conflicto de larga duración. No es el caso de Uruguay en estos momentos.

Por otro lado, hay un consenso muy claro en cuanto a que los sindicatos de la educación se pasaron de la raya. ¡No acatan ni las sugerencias del propio Pit-Cnt! Ya no estamos ante el uso del derecho de huelga, sino su abuso liso y llano.

Argumentan que la esencialidad está violando ese derecho de huelga. Preguntamos: ¿Y el derecho a la educación de niños y jóvenes donde queda? ¿Quién los defiende cuando no tienen ni gremio ni sindicatos? ¿Y el derecho al trabajo de los docentes que no están de acuerdo con las ocupaciones y quieren trabajar? Derechos estos también protegidos por la Constitución.

Estamos ante un choque entre varios derechos fundamentales, individuales y colectivos. Y cuando eso ocurre; ¿Qué hacemos? Nos jugamos por el interés general. El interés general nos dice que el derecho a la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, está primero. Lo demás, se debe solucionar sí, pero no a costa de aquellos. Y aquí es donde ingresamos en el verdadero meollo del asunto: los ingresos económicos de los funcionarios docentes y no docentes de la educación pública, que se deben prever en el próximo Presupuesto Nacional.

La única solución a esto, es el diálogo, la conversación, el acuerdo, la transacción para llegar a un justo medio. Pero para eso hay que actuar con buena fe. Ni el gobierno ni los sindicatos lo han hecho.

El gobierno ninguneó a los sindicatos, dándoles largas a respuestas que una y otra vez le solicitaban los sindicatos, jugando con los plazos que están a punto de caducar. Los sindicatos reaccionaron con disgusto y con una fuerza pocas veces vista. Ya no era solo el paro tradicional. Se agregó el agravio, la aparición mediática con expresiones fuera de lugar, las ocupaciones patoteras de bienes públicos que saben que es ilegal, pero que las reiteran una y otra vez anunciándolas como una especie de trofeo sobre el adversario, el agravio personal en actos públicos al Presidente y Vicepresidente de la República, a quienes seguramente (o sin seguramente) el 95% de ellos los votaron.

Y como si todo esto fuera poco, la declaración de esencialidad no solo se mantiene, sino que ya se está hablando de sanciones y de “desacato” (delito que se castiga con tres a dieciocho meses de prisión), además –obviamente- de las sanciones administrativas que pueden llegar a la cesantía. ¡Paren la mano por favor! Los dos: gobierno y sindicatos. Si siguen así, esto termina muy mal. Y los arrepentimientos ya serán tardíos.

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