Memoria y futuro

Por Mónica Xavier. “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”.

Actualmente, la protección de los derechos humanos no es solamente asegurada a través de mecanismos internos. Nuestro país cumple rigurosamente con todos los informes de derechos humanos que a 2005 llevaban años de retraso inexcusable. Anteriores gobiernos firmaban Tratados y Convenciones que luego no eran debidamente informados ni se garantizaba que fueran llevados a la práctica.

Por ese grave incumplimiento a las leyes, Uruguay arrastraba una deuda histórica respecto a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Sin ese cumplimiento de las leyes no hay consolidación de las instituciones ni se constituye una democracia plena.

Recién con los gobiernos del Frente Amplio se ha investigado con decisión y capacidad de mando -en cumplimiento del artículo 4to. de la Ley de Caducidad-, y se han obtenido avances reales en la búsqueda de desaparecidos -desmontando la cultura de impunidad-. Se ha ingresado a los cuarteles y se han hallado restos de compatriotas asesinados. Justamente en esta década, el Poder Judicial ha procesado y encarcelado a responsables de terrorismo de Estado, entre ellos a los dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry.

En 2005 se hallaron los restos de Ubagesner Chávez Sosa; fue el primero. En 2011 se restableció la pretensión punitiva del Estado derogada en la Ley de Caducidad, con lo que se devuelve la independencia al Poder Judicial que dicha ley le había quitado. En el Ministerio del Interior se creó un Equipo Especial, auxiliar de la justicia, para los crímenes de terrorismo de Estado. En 2006 se aprobó la Ley 18.033 con la que se restituyen y reparan derechos jubilatorios y pensionarios. En 2009 se reconoció por Ley 18.596 la reparación por la actuación ilegítima del Estado entre junio de 1968 y febrero de 1985. En la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, se avanzó en la creación del Banco de Datos y muestras genéticas, investigaciones históricas y antropológicas.

El fortalecimiento institucional es el eje central para asegurar derechos. Por ello, se creó, en el 2008, y se instaló, posteriormente, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Es un órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo, con el fin de otorgar las mayores garantías a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional.

Con ese objetivo, la INDDHH tiene potestad para efectuar visitas de inspección, con o sin previo aviso, a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia; para pedir informes, examinar expedientes, archivos y todo tipo de documentos; para presentar denuncias penales e interponer recursos de hábeas corpus o amparo; para ingresar a los lugares de detención, hospitales, establecimientos militares y cualquier otro establecimiento en el que existan personas privadas de libertad o en régimen de internación.

El dolor provocado por la pérdida de un hermano, de un hijo, de un padre o una madre es agudizado por la angustia de su desaparición. Por la falta de respuestas de personas que se sabe las tienen y que no las han proporcionado hasta ahora. Mantenemos la esperanza y la convicción en echar luz sobre hechos tan doloroso.

Es por ello que desde el inicio de este tercer período de gobierno, el actual presidente ratificó la voluntad expresa en este sentido al crear el grupo de trabajo por Verdad y Justicia. Sus siete integrantes son los diputados Macarena Gelman y Felipe Michelini, Emilia Carlevaro como representante de Familiares, de la colectividad afrodescendiente Susana Andrade, de la Iglesia Metodista Ademar Olivera, Pedro Sclofsky por la comunidad judía y Mario Cayota por la iglesia Católica.

Desde hace 20 años, los 20 de mayo, Familiares convoca a la “Marcha del Silencio”. Vamos a seguir caminando juntos. Nada nos debe detener en la búsqueda de los desaparecidos. Nada nos debe impedir seguir impulsando todas las acciones posibles para alcanzar verdad y justicia.

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