La judicialización de la política

Por Fulvio Gutiérrez. Se ha transformado en una pésima costumbre, la repetitiva insistencia de integrantes del gobierno cuando se quejan porque se está produciendo lo que ellos llaman “judicialización de la política”, en la medida que muchos problemas estrictamente políticos, devienen luego en actitudes antijurídicas, que –denuncia mediante- culminan en algún juzgado que se ve obligado a dictar una sentencia que en definitiva resuelva el problema.

La queja no es de recibo, porque las autoridades judiciales actúan porque un organismo político, o uno o más titulares de cargos políticos, presentan una denuncia en la vía judicial, obligando con ello, a que un Juez o un Tribunal o incluso la propia Suprema Corte de Justicia, deba dictar un fallo. Sin perjuicio de que, en algún caso, el Ministerio Público (que no forma parte del Poder Judicial) actúa de oficio porque las circunstancias así lo acreditan, y ejerce su legítimo derecho solicitando la intervención de un tribunal judicial.

Sentemos entonces una primera conclusión: judicializar la política es una decisión que parte de la propia política. La consecuencia de esto es que la justicia ha pasado a ser una tercera instancia del juego democrático, con el riesgo de que ella misma se politice y se involucre en los conflictos y enfrentamientos políticos, desde el momento que los jueces se vuelven actores capaces de decidir un problema político que devino en una violación jurídica, y pasan asimismo a ser objeto de sospechas de parcialidad, ya que nadie es inmune al ambiente ni a las conclusiones que se forman en una sociedad transparente.

Es decir, estamos asistiendo a una creciente importancia del Poder Judicial en el campo de la política. En algún país centroamericano, se la ha denominado la “juristocracia”, es decir, el gobierno de los jueces. No es así.

En primer lugar cabe entonces preguntarse: ¿es eso culpa del Poder Judicial? Obviamente que no.

No son los jueces, ni los tribunales ni la Suprema Corte de Justicia los que solicitan que asuntos de base política pasen a su consideración. Son los órganos políticos, o en su caso, los titulares de esos órganos políticos, quienes transfieren los problemas políticos que son de su exclusiva competencia, a los órganos judiciales. Y lo hacen, en algún caso, por ineptitud de quienes ni siquiera están preparados para analizar temas políticos, por ende, menos aún los jurídicos. En tales casos, toman conciencia de que el problema escapa a su capacidad y conocimiento, y no tienen otra idea que enviarlo a algún juzgado para que entienda en el asunto. Se lavan las manos al mejor estilo de Poncio Pilatos y afirman en forma totalmente irresponsable: “pase a consideración de la autoridad judicial competente”.

En otros casos, se da que en algún trámite político que es investigado con seriedad en un órgano político, surge la sospecha de alguna violación jurídica, que a veces tienen visos de irregularidad administrativa, pero en otros, llevan a la firme convicción de que detrás de las actuaciones, se ha descubierto la comisión de algún delito. En este caso, ya no es por ignorancia o ineptitud, sino por necesidad que deben recurrir a la vía judicial.

Esos políticos se sienten tranquilos, porque saben que nuestro Poder Judicial es confiable, y que tienen en su actuación, sin duda alguna, la garantía necesaria para llegar a la real verdad de los hechos. Pero además confían que la politiquería barata no va a influir, porque el Poder Judicial tiene el “lomo duro” para soportar la presión y los vicios de nuestra política criolla.

Si el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, aunados en su función de colegisladores, aprueban leyes contrarias a la Constitución, ¿qué culpa tiene la Suprema Corte de Justicia, si cuando el problema llega a su competencia natural, decide precisamente a favor de la inconstitucionalidad que alguna persona afectada en su interés directo, personal y legítimo ha planteado?

Por otra parte, quienes reniegan de la decisión de los jueces en estos casos, no son sinceros. Porque protestan si la decisión judicial es contraria a sus intereses y entonces reavivan la famosa muletilla de la “judicialización de la justicia”; pero en el caso que les sea favorable, bien que salen a reafirmar sus inestables conceptos, citando a su favor la opinión judicial que ahora les conviene a sus intereses.

Entonces, está claro que el protagonismo de los jueces no es producto de la propia iniciativa judicial, sino el resultado de la inacción (a veces de la acción errónea) de los otros poderes del gobierno, el ejecutivo y el legislativo. Son temas que terminan en los tribunales por la ausencia de respuestas políticas concretas.

Por eso, la “judicialización de la política” en verdad, no nos preocupa. Lo que sí nos preocupa es que eso termine en la “politización de la justicia”. Eso no lo quiere nadie. Y nosotros tampoco.

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