Inaceptable ninguneo al Poder Judicial

Por Pablo Mieres. Si hay un aspecto que determina las garantías de un Estado de Derecho es el principio de separación de poderes y la independencia de cada uno de los Poderes del Estado con respecto a los restantes.

En particular, el Poder Judicial es el encargado de determinar la justicia en la aplicación de las normas a los casos concretos y, por lo tanto, de asegurar a los ciudadanos las garantías para que las consecuencias de los contenidos de las normas sean acordes al mandato establecido en la legislación.

Un país en el que el Poder Judicial se debilita es un país en el que las garantías para las libertades de los ciudadanos se debilitan. Un país con un Poder Judicial débil es un país en el que el Poder Administrador, es decir el Poder Ejecutivo, aumenta sus poderes y corremos el riesgo de que se produzcan abusos de poder que dejen al ciudadano en situación de indefensión.

Lo dicho viene a cuento porque las señales que recibimos desde comienzos de año son realmente muy preocupantes y de una inocultable gravedad. Sorprendentemente, estos hechos no han tenido la importancia en la agenda pública que merece tener.

El proyecto de ley de presupuesto, por primera vez en la historia, no incluye ningún artículo sobre el Poder Judicial. Muy grave e inentendible, porque además en este presupuesto se debió haber incluido una propuesta de recursos vinculados, al menos, a la implementación del nuevo Código de Proceso Penal que, de acuerdo a la normativa vigente, debe entrar en vigencia el 1° de enero de 2017. Nada de nada.

Pero, además, casi a modo de provocación, el proyecto de Presupuesto sí incluye recursos para la creación de cargos vinculados a la Fiscalía General de la Nación, la que habrá de contar con un positivo incremento de fiscales, acorde con los nuevos desafíos del Código.

Esta decisión, fiscales sí pero jueces y defensores de oficio no, determina un peligroso desequilibrio en la dotación de recursos que altera la equidad que debe existir entre los diferentes componentes del proceso. Esto resulta obvio, pero el gobierno permanece en silencio sobre este punto y no nos da explicaciones que fundamenten tal desatino institucional.

La cosa no queda allí, la dilucidación del ya casi eterno reclamo salarial de los funcionarios judiciales, que el nuevo gobierno indicó que atendería cuando trataba de juntar votos, se convirtió en un irritante silencio que, a esta altura, ya lleva varios meses.

Nos consta que desde el gobierno se ha congelado el diálogo con los diferentes actores del Poder Judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia. Esta situación es inaceptable e impropia del buen funcionamiento del Estado de Derecho.

Finalmente, una prueba definitiva de lo que decimos quedó de manifiesto este martes en oportunidad de la comparecencia de la Suprema Corte de Justicia ante la Comisión de Constitución del Senado. La Suprema Corte fue convocada para dar su opinión sobre un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento incorporando modificaciones parciales y provisorias (hasta 2019) al Código de Proceso Penal. En buen romance, el gobierno busca postergar la entrada en vigencia completa del mencionado código y para ello propone una versión de transición durante dos años, para evitar las erogaciones que su aplicación completa implicaría.

Más allá de la opinión que se tenga sobre la propuesta, lo cierto es que este proyecto fue presentado al Parlamento sin consulta previa al Poder Judicial. Es increíble, pero así es. A tal punto ha llegado el “ninguneo” del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.

Resulta inadmisible y reclamamos con énfasis que esta situación cambie. Todavía se está a tiempo de evitar este atropello institucional inaceptable.

El proyecto de Presupuesto puede en el Senado incorporar la creación de cargos en el capítulo correspondiente al Poder Judicial que permitan equilibrar la situación con el Ministerio Público. También se puede atender una solución para el ya muy largo conflicto en torno al reclamo salarial de los funcionarios de ese Poder.

La bancada del Frente Amplio y su gobierno tienen la palabra.

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