Empresas públicas y responsabilidades políticas

Por Pablo Mieres. Las noticias se acumulan día a día y muestran hasta qué punto el funcionamiento de las empresas públicas durante el período de gobierno anterior estaba fuera de control y ocurría en función del gusto e interés de sus jerarcas, con gran independencia de una orientación de política general, tal como debería corresponder dada la vital importancia que estas empresas poseen en múltiples niveles, por su particular peso para los recursos del Estado pero también para la competitividad del aparato productivo de nuestro país.

Estas cuestiones fueron advertidas enérgicamente por nuestro partido durante la pasada campaña electoral, reclamando una modificación en la lógica de funcionamiento de las mismas.

Durante una década de bonanza histórica, muchos de los jerarcas de empresas públicas se sintieron, muy parecido a lo que ocurrió en los noventa, como si fueran grandes empresarios, olvidándose de que los recursos que manejaban eran recursos públicos. La tentación del autobombo, de la construcción de monumentos para mayor gloria propia, la búsqueda de anuncios permanentes sobre supuestos logros y concreciones hasta la mimetización de la publicidad de un ente con las consignas del sector político de su jerarca o el aprovechamiento de esos espacios de poder para preparar campañas electorales propias, son algunos ejemplos del desborde desordenado de algunas de las empresas públicas en el pasado período.

Cuando uno observa las medidas que está tomando el nuevo gobierno en este plano, parecería que hubiera habido un cambio de partidos en el gobierno. En efecto, un día tras otro, surgen novedades que prueban un saludable cambio de criterio que desautoriza lo actuado en el período pasado y trasmite la convicción de que el nuevo gobierno ha decidido “ponerle el cascabel al gato” y toma decisiones que imponen cambios y restricciones muy fuertes en el margen de acción de los entes.

Bienvenido sea, pero no nos olvidemos que estas discrepancias y diferencias profundas anidan en el mismo partido que gobierna y que estas diferencias, cada vez más agudas e indisimulables, están presentes y afectan la gestión del gobierno.

Uno de los ejemplos de estas situaciones es el pavoroso déficit de ANCAP, que más allá de explicaciones simplistas, hace imposible ocultar los graves defectos de mala administración. Si quedaba alguna duda, la respuesta de la Ministra de Industria en la Comisión de Diputados es la prueba contundente de la grave irresponsabilidad en la gestión de quienes conducen la empresa. Efectivamente, la ministra dijo que en un año ANCAP podría reducir el déficit de los 320 millones de dólares a 50.

¿O sea que tomando algunas medidas básicas de buena administración, control de despilfarros y gastos inocuos bastaría para cambiar la situación? ¡¡Caramba!! Si eso es efectivamente así, entonces la responsabilidad política por ineptitud de los jerarcas de ANCAP en la administración de la empresa durante estos años es enorme y no se puede dejar pasar.

Por otra parte, esta semana se resolvió suspender las obras del ANTEL Arena, obra que se estaba realizando en violación de la Constitución y en contravención de las observaciones del Tribunal de Cuentas, pero más allá de las inhabilitaciones jurídicas que fueron ignoradas por las autoridades de turno, supone una erogación que no fue, en su momento, calibrada adecuadamente y obliga al actual gobierno a mandar la señal de pare, a efectos de evitar un gasto que puede afectar la capacidad de aporte de ANTEL a rentas generales.

Por supuesto que el freno de la obra acarrea problemas adicionales para las empresas que tenían los contratos vigentes y para los trabajadores que pierden puestos de trabajo, resultado de la falta de previsión y coherencia en las decisiones de gobierno.

En fin, son dos ejemplos muy relevantes de la necesidad de atribuir responsabilidades de gestión por mala administración y también son demostrativos de la urgente necesidad de introducir cambios legislativos en la regulación de las empresas públicas. Obligaciones, límites y mayores poderes de contralor sobre estos instrumentos tan relevantes para el desarrollo del país.

Se impone una reforma de la regulación del funcionamiento de las empresas públicas para evitar los mareos del poder y la conversión de estas estructuras en una plataforma de lanzamiento para estrategias de poder personal.

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