Eliminar la obligación de presentar la constancia de voto

Por Pablo Mieres. Esta semana presentamos un proyecto de ley para eliminar la obligación de presentar la constancia de voto y las sanciones que se aplican a aquellos funcionarios públicos, empleados privados y escribanos que no cumplan con su función de controlar dicha presentación.

Seguramente lo primero que saltará a la vista para el lector es si parece un tema que amerite una ley. Pues bien, no hay otra forma, porque aunque parezca mentira el régimen actual que obliga a todos los ciudadanos a presentar su constancia de voto está regulado por ley y, por lo tanto, la única forma de dejar sin efecto esta obligación es mediante una nueva ley que la derogue.

Sorprendente, ¿no? Pues nuestro país tiene, en unas cuantas cosas, un viejo reflejo hiperformalista que tiende a exagerar el alcance de las normas legislativas en particular las que refieren a establecer obligaciones para los ciudadanos.

El sistema actualmente vigente establece que el voto es obligatorio con sanción. Es decir, primero era sólo obligatorio, pero a partir de 1971 se agregó la sanción para garantizar que los ciudadanos acudieran a las urnas.

Las razones coyunturales por las que se impuso la sanción están vinculadas al cálculo político que el gobierno de la época realizó para asegurarse el voto de los menos activos políticamente. El gobierno de Pacheco evaluó que la obligatoriedad con sanción sería un fuerte incentivo para que votaran todos, particularmente la población de mayor edad.

Lo cierto es que en Uruguay, sin sanción, ya votaba alrededor del 80% y desde que se establecieron las sanciones es posible afirmar que la abstención es casi inexistente. La sanción establecida consiste en la aplicación de una multa que equivale a 1 UR, es decir que a la fecha está en el entorno de los $800.

El tema es que la normativa vigente transfiere, insólitamente, a los ciudadanos la obligación de probar que votaron bajo el riesgo de que en caso de no presentar la constancia de voto, no cobrarán el sueldo, la jubilación o incluso no podrán comprar bienes o salir del país. Una verdadera barbaridad.

A su vez, los funcionarios encargados de controlar la presentación de la constancia de voto, sean público o privados, en caso de no hacerlo se hacen pasibles de sanciones que implican la retención, a modo de multa, de un porcentaje de sus salarios.

Todo es tan grotesco e injusto que es necesario terminar con un régimen que se basa en que el Estado se “lava las manos” sobre su función de controlar y le transfiere la obligación a los ciudadanos.

El objeto del proyecto no es eliminar la obligatoriedad del voto o la sanción actualmente existente, aunque esto último merecería una buena discusión, simplemente busca transferir debidamente la obligación de controlar al Estado.

En efecto, la propuesta es muy sencilla, particularmente en un país que se jacta de avances sustanciales en materia de gobierno electrónico. Esta consiste en que la Corte Electoral, que posee el listado de personas que se abstuvieron y que no pagaron la multa en tiempo, envíe al Banco de Previsión Social y a las Cajas Paraestatales y Estatales ese listado para que estos organismos descuenten a jubilados y pensionistas del siguiente pago el valor equivalente a la multa. Para el caso de los activos públicos y privados se establece que el BPS envíe el listado de los empleados correspondientes a cada empresa para que estas actúen como agentes de retención y envíen el producido de la recaudación a la Corte Electoral.

De este modo se elimina una obligación indebida establecida a los ciudadanos y se evitan trámites complejos e innecesarios. Tómese debida cuenta de que las referidas constancias de voto son un papel que se entrega a cada votante en el momento de ejercer su voto. Este tiene que guardarlo por varios meses hasta que llega el momento de presentarlo. Una carga más para los ciudadanos, propia de un Estado que en muchos casos no se concibe al servicio de los ciudadanos, sino al revés.

Esperemos contar con el apoyo del resto de los partidos para, rápidamente, resolver esta situación injusta.

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