El CEPRILI, la Colonia Etchepare y el Sistema de Cuidados

Por Pablo Mieres. Alguno podrá preguntarse qué tienen que ver estos tres institutos entre sí. Mucho más de lo que parece.

Esta semana el Senado dio media sanción a un proyecto de ley que establece un sistema nacional de cuidados con el voto de todos los partidos. Esta iniciativa muy valiosa implica que nuestro país pretende dar una respuesta integral para hacerse cargo de todas aquellas personas dependientes que, por diversas razones, no son autoválidas.

Así es que el sistema de cuidados proyectado busca responder con alternativas positivas a los menores, a los discapacitados y a las personas de mayor edad que no pueden valerse por sí mismas. Se trata de un sustantivo avance en la construcción de una matriz de protección social propia de un país avanzado. Algunos llegaron a proclamar que con esta norma nuestro país se pone a la vanguardia en el mundo con respecto a su sistema de protección social.

Sin embargo, a modo de una cruel e impactante ironía, en esos mismos momentos uno de los temas centrales de la agenda pública era el grave episodio, que no es más que una muestra, de la violación de los derechos de los menores infractores privados de libertad en uno de los centros del SIRPA a cargo de un “malón” de funcionarios que actuaron como una patota desaforada para reducir a dos de los menores recluidos.

No se trata de una situación excepcional, por el contrario, se trata lamentablemente de un estado de cosas que viene reiterándose desde hace mucho tiempo. Lamentablemente la situación de afectación directa de los derechos de los menores infractores privados de libertad es un viejo tema que golpea nuestra autoproclamada percepción de avanzada social.

Este es un viejo problema que acompaña vergonzosamente a nuestra sociedad desde hace décadas. No es un problema de tal o cual partido o de este u otro gobierno; es más, tanto ahora como antes, con gobiernos de todo pelo, hubo personas que trabajaron fuertemente para transformar esta situación, lamentablemente sin éxito.

Pero el tema no es sólo el SIRPA. El tema de fondo es qué hace el Estado uruguayo con las personas que están institucionalizadas, por distintas circunstancias, bajo su responsabilidad. Baste el ejemplo del horror de la Colonia Echepare en donde hace pocos meses, lo decimos con espanto, contemplamos que una jauría de perros matara a un paciente, sin que nadie de la institución se enterara.

¿Cuáles son las causas de estas situaciones de barbarie que los uruguayos toleramos de manera hipócrita mientras nos creemos los mejores en materia de reconocimiento de los derechos de las personas?

Sin duda que las razones profundas de nuestra vergonzosa realidad son la inercia burocrática, la mantención de una cultura funcionarial perversa, el reflejo corporativista que todo lo defiende sin ton ni son, la ausencia de capacitación y preparación de las personas que tienen a su cargo esa tarea y una estructura caduca y anacrónica que se deja correr “mirando para otro lado” o “barriendo debajo de la alfombra”.

Ahora existe una posibilidad histórica de transformar de una buena vez lo que ocurre con la situación de los menores infractores privados de libertad. Hay que ponerse “espalda contra espalda” en el sistema político para apoyar el impulso de cambio que se presenta. No hay que equivocarse, va a haber mucha resistencia y muchas trampas de quienes pretenden mantener el horrendo statu quo vigente. Pero existe la posibilidad, de una buena vez, de convertir este episodio horrendo en el punto de inflexión de un cambio.

Pero no nos olvidemos que los mismos o peores horrores existen en buena parte de los casos en que el Estado tiene personas institucionalizadas a su cargo. Por eso es tan importante la mejora de las condiciones de reclusión en las cárceles de adultos, en donde han ocurrido algunos avances que se deben consolidar y extender; por eso es tan importante contar con un Comisionado Parlamentario para este tema.

Pero tampoco nos olvidemos de la barbarie existente en los hospitales psiquiátricos de nuestro país. Hay que encarar una profunda transformación del horrendo modelo de funcionamiento actual, asumiendo que esa transformación requiere cambios sustanciales tanto en la concepción de cómo abordar estas situacionoes como del perfil de quienes están a cargo de personas institucionalizadas con discapacidades mentales.

Tampoco nos olvidemos de muchas situaciones ocultas detrás de un buen número de los hogares de ancianos, públicos y privados, que existen a lo largo y ancho del país, en donde todos disimulamos la existencia de maltratos y realidades que están muy lejos del concepto de dignidad humana.

Sólo si tenemos conciencia de estas barbaries que ocurren en Uruguay en pleno siglo XXI y nos comprometemos en serio con estos cambios entre todos, podemos votar con seriedad, responsabilidad y sin hipocresía, el sistema nacional de cuidados propuesto.

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