El caos de nuestra técnica legislativa

fulvio gutierrezPor Fulvio Gutiérrez (*) Hace muchos años que la técnica legislativa que se utiliza en el Parlamento uruguayo, viene en picada libre. Las leyes no se estudian lo suficiente, se redactan mal, son poco claras y hasta confusas, no tienen en cuenta principios elementales y como consecuencia violan nuestra Constitución, tienen omisiones que obligan a redactar leyes que las complementen creando un desorden y desprolijidad inauditos, y en fin, están creando desde hace bastante tiempo, una situación que en verdad, como uruguayos, nos avergüenza.

Y eso es así, porque los errores en la redacción de las leyes, tienen consecuencias costosas para empresas, personas, negocios públicos o privados y fundamentalmente para el Estado mismo y atentan contra un principio que es fundamental en el Estado de Derecho: la seguridad jurídica.

Es cierto sí, que a los legisladores, para ser tales, no se les exige conocimiento de clase alguno. Simplemente se les exige que tenga votos suficientes para ser electos. Pero eso no los exime de la responsabilidad de asesorarse con quienes sí conocen de técnica legislativa, y eso ya es responsabilidad no solo del legislador individual, sino de su partido político, y en definitiva del Parlamento Nacional.

Ahora bien: ¿qué es la técnica legislativa?

Es el arte de elaborar textos normativos sin defectos, o con la menor cantidad de defectos posible; por lo tanto, es la herramienta que deben utilizar los legisladores para la correcta elaboración de las leyes. Más claro aún; lo que hace la técnica legislativa es transcribir en un texto escrito, la decisión política tomada por el legislador. Y esa transcripción debe ser: a)Coherente con el resto del ordenamiento jurídico. Por eso debe cuidarse la injerencia que tenga la norma sobre las demás normas de su misma jerarquía, pero sobre todo, debe cuidarse que esa norma no viole la norma jurídica superior, esto es, la Constitución de la República. b)Debe ser un fiel reflejo de la decisión política que tomó el legislador, por lo tanto debe ser clara, concisa y precisa. c)Su texto debe ser interpretado de la misma manera por cualquier lector. La pluralidad de interpretaciones, va contra el principio de la seguridad jurídica.

En nuestro país, la técnica legislativa es muy mala, y la actitud de nuestros legisladores ha sido poco seria.

Por ejemplo, en las leyes que han reglamentado toda una materia tan importante como son los Municipios, se han cometido tantos errores de inconstitucionalidad que realmente cuesta entender la falta de un análisis más profundo y pormenorizado de tales normas, para evitar este tipo de problemas, que a la corta o a la larga, terminan en la Suprema Corte de Justicia. Pero además se han cometido “horrores” por descuido o indiferencia a la importancia del tema, lo que realmente nos lleva a dudar sobre la idoneidad más elemental de nuestros legisladores. Es cierto que hay excepciones. Las debe haber, no podemos creer que todos sean indiferentes y descuidados. Pero entonces, esas excepciones, ¿por qué no advirtieron de la comisión de esos horrores para corregirlos a tiempo?

Veamos:
En la nueva Ley No. 19.272, que es la actualmente vigente sobre los Municipios, el art. 29, dice, entre otras cosas, “deróganse los arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley No. 18.567 de 13 de setiembre de 2009”, y resulta que la Ley derogada, tiene veinticinco artículos, por lo tanto no tiene ni art. 26, ni 27 ni 28.

¡Están derogando artículos que no existen! ¡Puede uno imaginarse tamaño horror!
Pero por si esto fuera poco, vayamos a un segundo horror.

El art. 2º, obliga a los Gobiernos Departamentales, a que a través de un Decreto de la Junta Departamental, definan la nómina de aquellas localidades que cumplen las condiciones para que en ellas se pueda crear un Municipio; y a su vez, el art. 25, dice que si los Gobiernos Departamentales no cumplen con esa obligación, será el Poder Ejecutivo el que elaborará esa nómina mediante un procedimiento que allí se establece. El Poder Ejecutivo optó por dejar de lado ese procedimiento (a nuestro juicio es inconstitucional) y en su lugar, enviar al Parlamento un proyecto de Ley creando esos nuevos Municipios y sus identificaciones, todo con vistas a las elecciones del próximo domingo 10 de mayo.

Pero ocurre que la aprobación del proyecto demoró demasiado, y ante tal demora, la Corte Electoral (seguramente nerviosa por que se “venían” las elecciones) trató de salvar la omisión y dictó la Circular No. 9496 de 24 de marzo de 2015, actualizando el número de Municipios, agregando nuevos y fijando la identificación de sus distritos electorales. Es decir, la Corte Electoral actuó sin tener respaldo legal como estaba dispuesto. Es más, lo dice en la propia Circular: “Cada municipio se identificará con la designación utilizada en el proyecto de ley sancionado el 18 de marzo de 2015 por el Poder Legislativo.” ¡O sea, reglamenta una ley inexistente como tal!

Dicho de otra forma, la Corte Electoral admite expresamente que no reglamenta una ley, sino un proyecto de ley!!

Pero ahí no terminó la “pifiada”. Porque la Ley proyectada, en definitiva salió del Parlamento y fue promulgada por el Poder Ejecutivo con el No. 19.319 de 27 de marzo de 2015, o sea tres días después de la aprobación de la Circular de la Corte Electoral. Entonces la ley, para tratar de “arreglar” este problema, dispuso en su art. 3º, facultar a la Corte Electoral a corregir los errores y omisiones que pudieran comprobarse que se cometieron en la ley “dando cuenta a la Asamblea General”.

O sea, el legislador admite que pueden haber errores (¡!) y entonces autoriza o delega en la Corte Electoral, la corrección de esos errores. ¡Ingenioso e insólito pero muy poco serio y no muy jurídico!

¡Para el anecdotario de las cosas absurdas que ningún gobierno puede cometer!

(*) Profesor Adjunto Grado 3 de Derecho Público Iº y Encargado de la Cátedra de Derecho Departamental y Local en la Facultad de Derecho de la Udelar en Salto.

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