ANCAP: positiva señal del gobierno

Por Pablo Mieres. El Parlamento recupera sus potestades de investigación. Corresponde valorar muy positivamente la decisión del partido de gobierno de apoyar la creación de una Comisión Investigadora para estudiar la actuación de los jerarcas en la gestión de ANCAP de los últimos años. Esta decisión supone un cambio político en la postura que durante una década adoptó el Frente Amplio ante numerosas iniciativas que desde los partidos de oposición se formularon para promover investigaciones sobre diferentes asuntos relacionados con la gestión de gobierno de ese partido.

De este modo el Parlamento recupera una de sus funciones básicas en la tarea de controlar a la Administración. Desde 2005 a la fecha sólo se había votado una Comisión Investigadora y la había promovido el propio Frente Amplio para investigar lo actuado, precisamente, en los gobiernos de los partidos tradicionales en la gestión de las diferentes empresas públicas. Desde entonces ninguna de las iniciativas había prosperado por la negativa del partido de gobierno que ha contado siempre con los votos suficientes para evitarlo.

Justamente, a diferencia de los otros instrumentos de ejercicio del control por el Parlamento que son el pedido de informes y el llamado a Sala a los ministros, la formación de una Comisión Investigadora requiere del voto favorable de la mayoría de legisladores de la Cámara en donde se presenta la moción correspondiente.

La tentación de trancar toda investigación fue irresistible para el Frente Amplio todos estos años, pero la decisión que se toma en este caso es valiosa porque genera un cambio de actitud que favorece sustancialmente al funcionamiento institucional del país.

Por otra parte es bueno recordar que autorizar la formación de una Comisión Investigadora no significa asumir que existieron responsabilidades o, menos aún, que existan conductas ilícitas. El objetivo de una Comisión Investigadora es el de realizar un trabajo de investigación para determinar si, sobre ciertos hechos que tienen apariencia irregular o que llaman la atención, han ocurrido actos de administración que implican alguna responsabilidad.

Justamente, el Parlamento debe determinar la existencia de eventuales responsabilidades y, en el caso que entienda que existen responsabilidades de las que pueda emerger un eventual hecho delictivo, deberá trasladarlo a la esfera del Poder Judicial, porque no tiene competencias para juzgar en materia penal, puesto que esta materia está reservada exclusivamente a la Justicia

Lo que sí corresponde al Parlamento es la investigación sobre eventuales responsabilidades políticas. ¿En qué consisten las responsabilidades políticas? En la eventual existencia de actos de mala administración, negligentes o de ineptitud que no necesariamente implican actos delictivos.

Por eso, cuando se hace lugar a la formación de una Comisión Investigadora no se está reconociendo otra cosa que la existencia de una situación o un conjunto de hechos que ameritan su investigación.

Y en el caso concreto es, a nuestro juicio, evidente que cuando una empresa pública de la magnitud de ANCAP, que opera en régimen monopólico en buena parte de sus rubros, presenta los niveles de pérdida patrimonial y con ejercicios cuyos balances acumulan pérdidas multimillonarias en dólares, debe investigarse.

ANCAP perdió más de quinientos millones de dólares en tres ejercicios; por mucho menos que eso en 2003 el Parlamento de la época, ante nuestra denuncia, aprobó la creación de una Comisión Investigadora para investigar los motivos de las pérdidas de la Corporación Nacional para el Desarrollo. El Frente Amplio no dudó en acompañar aquella iniciativa y el Parlamento pudo investigar lo ocurrido; por cierto las pérdidas de la CND de aquella época eran sensiblemente menores de las que hoy presenta la situación de ANCAP.

La creación de una Comisión Investigadora en estas circunstancias era de orden y está muy bien que el partido de gobierno lo acepte.

Está claro que se buscó la “trampita” de extender el período de investigación al 2000, incluyendo la gestión del Ente durante el gobierno de Jorge Batlle. También está claro que ese tema ya fue objeto de investigación en su momento y que el partido de gobierno buscará desviar la atención hacia ese período, pero no menos claro es que se abre una oportunidad de investigar un tema muy serio que no se puede dejar pasar.

El país recibirá del Parlamento un informe sobre lo que ocurrió en ANCAP y eso es muy valioso para la fortaleza de las instituciones. Ciertamente está en manos del Senado realizar un proceso serio y profundo, sin concesiones y sin exageraciones, que nos permita analizar lo ocurrido y definir las responsabilidades que correspondan.

Esta decisión es una fuerte señal de recuperación del espacio de control institucional que el Parlamento debe ejercer para garantizar el mejor funcionamiento democrático.

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