30 años de democracia parlamentaria

Por Daniel Chasquetti. Muchos uruguayos solemos ordenar nuestros recuerdos políticos en función de los períodos presidenciales pasados. Asociamos eventos con mandatos de presidentes. La memoria sobre el pasado reciente se transforma en una larga cadena de eventos gobernados por colorados, blancos o más recientemente el Frente. Esta es una prueba más de lo que muchos estudiosos han señalado antes: los imaginarios colectivos uruguayos están fuertemente influidos por la política partidocéntrica.

Sin embargo, la personalización presidencial es solo una trampa injusta de los recuerdos, pues pasa por alto el hecho de que durante los últimos 30 años, las grandes decisiones fueron adoptadas en el Parlamento. A contrapelo de lo que dicta la memoria, y también del sentido común, la política uruguaya ha sido y es esencialmente parlamentaria. Ello obedece a múltiples razones entre las cuales quiero destacar cuatro.

El Parlamento es el hábitat natural de los partidos. A diferencia de lo que ocurre en muchas democracias del continente, en Uruguay, los partidos políticos tienen en las cámaras su epicentro de actuación. Los líderes de las fracciones partidarias y sus más fieles colaboradores, ejercen sus funciones en el Senado. En la cámara baja están los diputados que representan a los departamentos del interior junto a los de Montevideo que suelen adoptar preocupaciones orientadas a la política nacional. Los representantes del interior tienen entre sus prioridades de carrera la búsqueda de la jefatura departamental, mientras los de Montevideo aspiran a mantenerse en su sillón o a alcanzar la cámara alta. La pirámide chata de las fracciones partidarias se reproduce con singular nitidez en ese ámbito, que alberga, cobija y brinda oportunidades de especialización en grandes y pequeñas temáticas que hacen a la política cotidiana.

El Parlamento es el ámbito donde se toman las grandes decisiones. Cada una de las seis legislaturas transcurridas desde el lejano 1985, ha tramitado asuntos de importancia superlativa para la vida del país. La 42°legislatura (1985-1990) tramitó la transición votando las leyes que re institucionalizaron la democracia, la amnistía a los presos políticos y la ley de caducidad; la 43° legislatura (1990-1995) votó el ingreso al Mercosur y el paquete de reformas liberales promovidas por Lacalle; la 44° Legislatura reformó la Constitución y la seguridad social; la 45° legislatura (2000-2005) votó un sinfín de impuestos para equilibrar las cuentas públicas y cuando llegó la crisis de 2001, se hizo cargo de la reconstrucción; la 46° legislatura (2005-2010) votó las reformas progresistas del Frente Amplio (tributaria, salud, etc.); finalmente, la 47° legislatura votó la agenda de nuevos derechos que transformó a Uruguay en uno de los países con legislación más avanzada del planeta. Es cierto, que algunas de las leyes votadas por el Parlamento fueron cuestionadas públicamente y sometidas a referéndum (los ejemplos más notorios son la Ley de Empresas Públicas derogada parcialmente en 1992 y la Ley de Asociación de ANCAP derogada en 2004) o declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia (alguno de los artículos de 29 leyes votadas en estos treinta años recibieron el dictamen de inconstitucionalidad). Sin embargo, esos eventos no hacen otra cosa que ratificar la idea de que el Parlamento en Uruguay adopta las decisiones sustantivas y que como institución cumple un lugar central en el proceso de gobierno.

El Parlamento es el lugar donde el gobierno rinde cuentas. Mediante un sinnúmero de dispositivos institucionales, los parlamentarios logran que los ministros informen y expliquen por qué las políticas públicas funcionan de tal o cual manera. En particular, las interpelaciones, tan criticadas por ciertos periodistas porque no producen grandes consecuencias políticas, suelen ser eventos decisivos donde los opositores acusan y los gobernantes se defienden, y donde las consecuencias pueden ser observadas tiempo después. En tal sentido, pueden mencionarse la interpelación de Yamandú Fau al ministro del interior Carlos Manini Ríos en 1985, la de Alberto Couriel al ministro de economía Alberto Bensión en plena crisis de 2002, o las de Carlos Moreira a los ministros Fernando Lorenzo y Enrique Pintado por el caso PLUNA en 2012 y 2013.

Finalmente, el Parlamento es un ámbito inclusivo donde todas las corrientes tienen lugar. Gracias al sistema de representación proporcional integral, cualquier partido, por minoritario que sea, puede alcanzar una banca e institucionalizar su voz en el debate público. A diferencia de muchas democracias del planeta, en Uruguay con tan sólo el uno por ciento de los votos válidos, un partido consigue representación. Ejemplos sobre esto hay muchos. En 1985, la pequeña Unión Cívica consiguió dos diputados y se constituyó en el cuarto partido. Lo mismo ocurrió con el Nuevo Espacio a partir de 1990 y más recientemente con el Partido Independiente. En la última elección, la Asamblea Popular, con apenas algo más de un punto porcentual consiguió su diputado y el ecologista PERI estuvo a un tris de alcanzarlo.

Muchos han criticado a lo largo de estas tres décadas a los parlamentarios, acusándolos de ser amateurs, perezosos, insensibles y hasta irresponsables. Cuando la economía se hizo añicos muchos protestaron por el monto de sus sueldos y por los gastos aparentemente dispendiosos que realizaba el Parlamento. Incluso, en esa coyuntura, uno de nuestros partidos propuso reformarlo, reduciendo el número de miembros de cada cámara con el fin de “achicar el gasto”. Sin embargo y pese a todas esas críticas, el Parlamento siguió su viaje. Ha sido y es nuestra institución más democrática. No es casual que los golpes de Estado hayan tenido siempre como punto culminante a la clausura del Parlamento. En este ámbito están todos representados y se toman las grandes decisiones. A la hora de rememorar los 30 años de la recuperación democrática, debemos de reconocer el papel que el Parlamento ha jugado y desear que asì lo siga cumpliendo durane las próximas décadas.

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